B. Daniel Rojas Flores
27 de febrero del 2012
Nuevo León y Veracruz son entidades con mucha historia, son elite del país, sus números, sus poderes, su presencia, así lo exigen y lo exhiben. Detrás del Estado de México y de él DF que en cuestiones prácticas son lo mismo pero en escénica son cosas distintas, éstos Estados presumen cifras determinantes, quizás dos muy representativas.
Nuevo León, es la segunda economía del país, no tan lejos Veracruz se posiciona como la quinta.
Veracruz es la tercera entidad más poblada, no tan lejos esta Nuevo León en el octavo lugar.
Son además, dos entidades que han vivido algunas semejanzas en los años recientes, cambios de Gobiernos Estatales y la desgracia de sufrir embates de la naturaleza que acabaron en grandes inundaciones y sus consabidas repercusiones emocionales, sociales y económicas.
A estas similitudes se les agrega lo que se ha denominado “Problemas de Seguridad”, que se ve reflejado en la alza en sus índices de violencia, como el incremento de asesinatos, de secuestros, de cobros de derecho de piso, de ambientes de intranquilidad.
Los rondines de Militares, de Marinos, de Policía Federal y Estatal, son paisajes cotidianos y comunes.
En días recientes en el Estado de Nuevo León se registró la sanguinaria fuga del penal de Apodaca, donde además de 29 prófugos quedaron como dato menor 44 muertos y no porque estas muertes no sean relevantes, sino porque estas muertes son inexistentes para la autoridad, ¿Quién mato? ¿Quién sabe? y no importa, lo que importa es aprehender a quien se fugo. Hace apenas unos meses en Veracruz, se registro en un lapso de hora y media, la fuga de 32 reos en la madrugada de septiembre de tres penales ubicados en los municipios de Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos y Cosamaloapan, más allá del análisis profundo de estas evasiones de las que ya se han profundizado en varios medios y por distintos personajes, de estas acciones se puede percibir claramente la añeja problemática del sistema penitenciario Mexicano, este sistema apestado, corrupto e ineficiente que en la década de los ochentas Julio Scherer describe con maestría en su libro “Cárceles”.
De estos acontecimientos parece se puede desprender una sentencia clara, el combate contra el crimen organizado se da, estén libres o detenidos. Se podría decir que son detenidos, mas no contenidos. El crimen organizado demuestra un control y dominio preocupantes.
Pero si a este poder en el control y dominio de dichas instituciones le agregamos que la Federación y los Estados se culpan y exculpan de la calidad de los detenidos, de la funcionalidad de las instalaciones, de las corrupciones y las responsabilidades, de las capacidades o la ausencia de las mismas, quienes quedamos en el limbo una vez más, somos los comunes, los espectadores.
El doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gonzalo Reyes Salas afirma que argumentos tan elementales como hacer cumplir el mandato constitucional de separar a presos comunes y presos de delincuencia organizada están lejos de ser aplicados correctamente.
Además agrega que no existe un sistema penitenciario federal, por lo que las prisiones estatales hacen funciones de federales y se mezclan todos.
“Debe reducirse el número de internos al limitar la prisión preventiva a un número reducido de delitos de acuerdo con la Constitución federal. La gran esperanza para mejorar los sistemas penitenciarios es implementar la figura de juez ejecutor”, dice Reyes Salas.
La prisión preventiva consiste en privar de la libertad a una persona de manera prolongada, mientras se encuentran pruebas que lo absuelvan o condenen. El juez ejecutor es una figura que empezó a implementarse desde 2008 en diferentes entidades y que se encarga de decidir si a un ciudadano se le debe recluir de manera temporal.
Reyes Salas, autor de Sistemas Políticos Contemporáneos, sostiene que el sistema será más eficiente cuando empiece a funcionar esa figura y se le quite al Ministerio Público la capacidad de decidir arbitrariamente si una persona debe ir a prisión preventiva.
El uso excesivo de esta medida se refleja en las cifras de la población penitenciaria a nivel nacional: sólo cerca del 58% tiene sentencias y el resto se encuentra en algún proceso judicial, según las estadísticas oficiales.
De manera particular pienso que el sistema penitenciario es un reflejo de nuestra sociedad, donde años de proyectos, de ideas y de propuestas han sido ineficaces, la corrupción y la incapacidad en el manejo de la población de quienes están privados de su libertad, más que la falta de recursos, hacen posible episodios aberrantes y convulsos, que lejos de solo atemorizarnos nos dirigen a la conclusión obligada de creer que la readaptación social en México, no es posible, ni es indispensable.
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